El gobierno federal puso primera en la ofensiva por el fin de la escala 6x1. Con el lema "Más tiempo para vivir. Sin perder salario. Porque el tiempo no es un beneficio. Es un derecho", la campaña oficial apuesta a llegar a millones de brasileños por TV, radio, cine, redes y hasta prensa internacional. La propuesta central es clara: bajar la jornada de 44 a 40 horas semanales, garantizar dos días de descanso remunerado y prohibir cualquier reducción salarial. Según datos del Ministerio de Trabajo, tres de cada diez trabajadores celetistas están bajo el régimen 6x1, y la medida beneficiaría directamente a unos 37 millones de personas.
En la Cámara de Diputados, el presidente Hugo Motta decidió pisar el acelerador. Convocó sesiones de plenario de lunes a viernes —algo inusual en la Casa— para que la comisión especial que analiza la PEC cumpla los plazos reglamentarios. El relator, Leo Prates, deberá presentar su parecer tras diez sesiones de plenario. El primer seminario regional será en João Pessoa, Paraíba, tierra natal de Motta, que busca dejar su huella en una propuesta con alto voltaje electoral. El gobierno, por su parte, optó por un proyecto de ley con urgencia constitucional, lo que le permite mantener poder de veto.
La ofensiva gubernamental llega en un momento delicado. La popularidad de Lula está baja y el gobierno viene de sufrir dos derrotas en el Congreso. Pero la pauta del fin de la 6x1 tiene un enorme potencial de movilización popular. La comisión especial ya votó convites a figuras como Guilherme Boulos y a las centrales sindicales para las audiencias. Del otro lado, la CNI ya proyecta aumentos de costos e inflación. La disputa no es solo técnica: es política, y define quién se queda con la paternidad de una de las banderas más sentidas de la clase trabajadora brasileña.
