La Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó una estrategia integral para enfrentar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La central sindical anunció que presentará una impugnación judicial por inconstitucionalidad, acompañada de una marcha masiva hacia los tribunales. Esta ofensiva legal se complementa con un plan para proteger las cajas de las obras sociales, amenazadas por el proyecto oficial que busca transferir la Justicia Laboral Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
El malestar social se profundiza con el paro docente que afecta el inicio de clases en varias provincias, evidenciando el rechazo transversal a las políticas de ajuste. La CGT considera que la reforma representa un retroceso histórico en derechos conquistados durante décadas, con medidas que debilitan la negociación colectiva y precarizan las condiciones laborales. La movilización hacia los tribunales simboliza la resistencia popular frente a un modelo que prioriza la flexibilización sobre la protección de les trabajadores.
La respuesta sindical combina la acción institucional con la presión callejera, reconociendo que la batalla contra este proyecto neoliberal requiere múltiples frentes. La central busca articular la defensa jurídica con la movilización social, creando un cerco de resistencia que trascienda los ámbitos parlamentarios. Esta estrategia refleja la comprensión de que los derechos laborales no se negocian en abstracto, sino que se defienden con organización y presencia en las calles, construyendo poder colectivo frente a la ofensiva del capital.
