Investigadores del CONICET y la UNC enviaron una carta contundente a legisladores advirtiendo que las modificaciones propuestas "desvirtúan el espíritu de la ley" y carecen de sustento científico. Los especialistas subrayan que los glaciares y ambientes periglaciares son reservas estratégicas de agua que mitigan sequías y sostienen cuencas hídricas que atraviesan múltiples jurisdicciones. El cambio climático ya está reduciendo estas reservas, y debilitar su protección tendría "consecuencias negativas e irreversibles" para el desarrollo socioeconómico nacional.
La ofensiva oficialista avanza con celeridad. El gobierno busca dictaminar hoy la modificación, contando con el apoyo de gobernadores mineros como Marcelo Orrego de San Juan y Raúl Jalil de Catamarca, quienes participarán del plenario de comisión. La estrategia incluye una audiencia pública con más de 160.000 inscriptos donde solo 400 pudieron exponer, en lo que diputados opositores califican como una "representación sectorial minera" que vacía de contenido el debate democrático.
Organizaciones ambientalistas denunciaron al secretario de Minería, Luis Lucero, por presunto conflicto de intereses. El abogado ambientalista Enrique Viale reveló que antes de asumir como funcionario, Lucero asesoraba a empresas que se beneficiarían con estos cambios. Esta revelación pone en evidencia los vínculos entre el poder político y los intereses extractivistas que impulsan la reforma.
El diputado Maximiliano Ferraro publicó una carta abierta cuestionando que la gestión del agua glaciar, que "no reconoce fronteras políticas", quede limitada a intereses provinciales. La transferencia de facultades a las provincias, que carecen de la capacidad técnica del IANIGLA, representa un retroceso institucional que fragmenta la protección de bienes comunes estratégicos.
La ciencia habla claro: modificar la ley significa desproteger reservas hídricas vitales en un contexto de crisis climática. La política responde con cabildeo minero, conflictos de interés y procedimientos exprés que silencian la voz ciudadana. En esta pulseada, lo que está en juego no es solo una ley, sino la soberanía hídrica de un país que enfrenta sequías cada vez más severas. La pregunta es si prevalecerá el interés colectivo o los negocios de unos pocos.
