La Corte Suprema de Justicia le propinó un nuevo revés al Gobierno de Javier Milei al rechazar el recurso de per saltum que había presentado para intentar que el máximo tribunal definiera de manera exprés la validez de la reforma laboral. La decisión deja al oficialismo sin la vía rápida que buscaba para blindar una ley que ya había sido cuestionada por la Justicia laboral a raíz de un recurso de la CGT.
El expediente venía atravesando una fuerte disputa judicial por la competencia del fuero que debe intervenir. La Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había intimado al juez laboral Raúl Ojeda a remitir la causa iniciada por la CGT al fuero contencioso administrativo. Ese movimiento fue interpretado como un avance favorable para la estrategia oficial, que buscaba sacar el debate de la Justicia laboral, donde los trabajadores habían obtenido una cautelar contra varios artículos de la norma.
Sin embargo, la Corte puso un freno a esa maniobra. El rechazo al per saltum implica que la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma deberá seguir los carriles procesales ordinarios, sin atajos para el poder ejecutivo. La CGT, por su parte, ya recusó a los jueces que fallaron a favor de Milei en instancias previas, dejando claro que la pelea sindical no se limita a los tribunales sino que expresa una resistencia organizada contra el ajuste laboral.
La jugada del Gobierno buscaba acelerar una definición definitiva que le diera certezas a los empresarios, pero la Corte no convalidó el salto de instancia.
