Una nueva clase pública se montó esta mañana en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, con las universidades nacionales reclamándole al gobierno de Javier Milei que ponga en funcionamiento la ley de financiamiento universitario. La controversia arranca con el amparo colectivo que presentó el CIN, el organismo que nuclea a todos los rectores, después de que el Decreto 759 dispusiera que la ley solo se podía ejecutar una vez definida una fuente específica de dinero. El gobierno tiene la plata, lo que no quiere hacer es invertir en educación pública.
Emiliano Gangesi, secretario general de Adua, fue claro: "No puede ser que permitamos que la calidad de la democracia se vea dañada porque tenemos un gobierno que decide qué ley cumplir y qué ley no cumplir". Los universitarios le piden a la Corte Suprema que se expida sobre el fondo del asunto, que le diga al gobierno lo mismo que ya le dijo la sociedad marchando, el poder legislativo sancionando una ley y la justicia en primera y segunda instancia: que debe cumplir con la ley.
Mientras tanto, el diario La Nación publicó que el gobierno y las universidades habrían llegado a un acuerdo para un aumento salarial del 24%, pero Gangesi aclaró que no hubo ninguna convocatoria formal a la mesa paritaria. "Cualquier llamado tiene que ser en función de la apertura de la mesa paritaria y no por la publicación de un medio", advirtió. La pérdida salarial desde diciembre de 2023 ronda el 50%, y hace dos años que no los llaman a discutir paritaria.
La crisis se nota a puertas adentro: humedad por todos lados, vidrios rotos que no se repusieron, edificios que se vienen abajo. Incluso la Facultad de Derecho de la UBA, que en otras épocas parecía una universidad privada por su infraestructura, también siente el ajuste. A Milei no le interesa la universidad pública, y la Corte Suprema sigue mirando para otro lado mientras la ley se cae a pedazos.
