La empresa estatal israelí Mekorot, especializada en gestión hídrica, finalizó su vínculo con la Región del Biobío dejando tras de sí un contrato de 329 mil dólares sin informe final y una denuncia ante Contraloría por irregularidades en la contratación. El acuerdo, firmado en junio de 2023 con la Corporación Regional de Desarrollo del Biobío, prometía convertir a la región en pionera en gestión estratégica del agua, pero terminó como otro caso de recursos públicos mal ejecutados.
El contrato contemplaba la elaboración de un Plan Regional de Gestión de Recursos Hídricos con vigencia de doce meses. Sin embargo, documentos obtenidos vía Ley de Transparencia revelan que solo se registró un pago parcial de casi 29 millones de pesos en julio de 2023, y que la consultoría nunca alcanzó la etapa de entrega de productos finales. La Corporación Regional admitió no disponer del informe comprometido.
En marzo de 2024, la organización Abogados por Palestina presentó una denuncia ante Contraloría cuestionando múltiples aspectos del acuerdo. Entre los argumentos destacaron la ausencia de licitación pública, cláusulas que limitaban la responsabilidad de la empresa, la aplicación de legislación extranjera y el hecho de que el contrato fue suscrito mediante una corporación de derecho privado financiada con recursos públicos.
La controversia se profundiza al considerar el rol de Mekorot en los Territorios Palestinos Ocupados. Informes de organismos internacionales de derechos humanos acusan a la empresa de participar en un sistema de expropiación que beneficia a asentamientos israelíes ilegales, restringiendo el acceso al agua de comunidades palestinas. La empresa figura en el listado de Naciones Unidas de compañías vinculadas a la ocupación ilegal de Palestina.
Aunque la Contraloría Regional del Biobío desestimó la denuncia al no advertir ilegalidades formales, incorporó el contrato en su plan anual de auditoría para revisar cómo se ejecutaron los recursos públicos. El acuerdo fue suscrito durante la administración del entonces gobernador Rodrigo Díaz Worner, actualmente investigado en el marco del Caso Convenios.
La salida de Mekorot del Biobío expone las contradicciones de un modelo de gestión hídrica que prioriza contratos con empresas cuestionadas internacionalmente sobre la transparencia y el respeto a los derechos humanos. Más allá de las formalidades legales, el caso revela cómo los recursos públicos pueden terminar financiando consultorías sin resultados concretos, en un contexto donde la crisis hídrica requiere soluciones efectivas y no acuerdos opacos con empresas involucradas en conflictos internacionales.
