Cuba se erige hoy como un faro de resistencia campesina en un continente asediado por el agronegocio depredador. El informe de la ANAP de mayo de dos mil veintiséis confirma que la isla profundiza su compromiso con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos. Este camino soberano se trazó desde el triunfo de la Revolución para desmantelar el control de las corporaciones pro-imperialistas sobre la tierra cubana. La soberanía alimentaria constituye el eje central de un proyecto que busca dignificar a quienes trabajan el suelo frente a las políticas de desposesión del capital transnacional. La voluntad política de proteger al campesinado se materializó con la Reforma Agraria y la creación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños para representar sus intereses de clase.
La estructura agraria se sostiene en el protagonismo de las cooperativas y la propiedad colectiva de los medios de producción agrícola. El Estado cubano ha promulgado leyes fundamentales para garantizar la seguridad social y el acceso a la tierra ociosa para toda persona interesada en producir alimentos para el pueblo. La Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional de dos mil veintidós traduce los derechos internacionales a la realidad legislativa interna de la isla. Se reconoce el derecho a una alimentación sana y adecuada como un mandato constitucional que debe cumplirse de forma efectiva. Estas políticas públicas surgen para proteger a les productores de las consecuencias del bloqueo económico y financiero que se mantiene desde mil novecientos sesenta y dos. El cerco criminal limita el acceso a insumos básicos y tecnologías estratégicas para el desarrollo rural inclusivo.
El empoderamiento de las mujeres campesinas resulta una prioridad insoslayable. Las campesinas gozan de igualdad de condiciones y participan activamente en la vida política como diputadas al Parlamento Cubano. La Brigadas FMC-ANAP facilitan su integración dentro de las cooperativas agropecuarias. La agroecología representa la estrategia técnica para romper la dependencia externa de productos químicos y maquinaria extranjera. El modelo "Campesino a Campesino" permite compartir conocimientos horizontalmente para generar tecnologías propias adaptadas a la cultura local. Esta metodología participativa aumentó la resiliencia de la economía nacional frente a los choques climáticos. Se prohíben fertilizantes peligrosos y pesticidas para proteger la biodiversidad y garantizar un medio ambiente saludable. El régimen Trump recrudeció sistemáticamente las medidas coercitivas unilaterales para intentar asfixiar la producción interna de alimentos. La asfixia económica generada por Washington vulnera el derecho al desarrollo del campesinado cubano.
La experiencia de la isla interpela directamente a las democracias liberales que entregan sus recursos naturales al arbitrio del mercado global. La dignidad de les campesines no puede seguir siendo un techo de cristal impuesto por potencias extranjeras mediante el hambre y la privación tecnológica. Resulta urgente que la comunidad internacional redoble sus esfuerzos para exigir el cese de las medidas que castigan a las familias rurales. La verdadera justicia social en el campo requiere de una organización popular firme capaz de poner la vida antes que el lucro corporativo. Cuba demuestra que la ciencia soberana y la solidaridad son las mejores defensas contra la barbarie del sistema neoliberal. El horizonte socialista se construye cada día sembrando semillas de autonomía en cada surco recuperado para el bienestar de la comunidad. El campesinado cubano es hoy el protagonista de un modelo de desarrollo rural inclusivo que debe servir de inspiración para toda la humanidad que lucha por su libertad.
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