La justicia federal le metió un freno de mano al plan de ajuste del Gobierno en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El Juzgado Federal N°2 de La Plata, a cargo del juez Adolfo Gabino Ziulu, dictó una medida cautelar que suspende los despidos, los traslados forzosos y el cierre de estaciones experimentales en todo el país, incluyendo la del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El fallo llegó después de que el Gobierno nacional anunciara el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA, ubicada en el partido bonaerense de Hurlingham, y de otras dependencias del INTA en distintas provincias. La medida oficial incluía despidos masivos y la venta de inmuebles del organismo, lo que generó un fuerte rechazo de los trabajadores, los sectores científicos y las organizaciones del campo popular.
La decisión judicial ordena al Poder Ejecutivo que se abstenga de ejecutar cualquier acto que implique el cierre de la Estación Experimental AMBA y la suspensión de los despidos y traslados del personal. Además, prohíbe la venta de los inmuebles del INTA hasta que se resuelva la cuestión de fondo. El juez consideró que las medidas del Gobierno afectaban gravemente el funcionamiento del organismo y vulneraban derechos laborales y constitucionales.
Desde los gremios y las asambleas de trabajadores celebraron el fallo, pero advierten que la pelea no termina acá. La medida cautelar es un respiro, pero la lucha por la defensa del INTA como herramienta de soberanía científica y tecnológica sigue más vigente que nunca frente a un Gobierno que insiste en ajustar hasta lo que produce conocimiento para el pueblo.
