La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) salió al cruce de la ofensiva judicial contra la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). El gobierno porteño, a través de SBASE, impulsa una denuncia penal que imputa a los metrodelegados por "asociación ilícita", un delito que nada tiene que ver con las medidas de fuerza realizadas durante 2024 y 2025.
La causa tramita en la Fiscalía PCyF N° 35 de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el gremio denuncian que se trata de un intento claro de criminalizar la protesta sindical y el derecho a huelga, ambos consagrados en la Constitución Nacional. La CATT, que acompañó y convocó esas medidas junto al sindicato, calificó la denuncia como un "grave antecedente en materia de persecución sindical".
Los metrodelegados convocaron a una conferencia de prensa para este miércoles a las 10 en su sede de Carlos Calvo 2365. Allí informarán sobre los pasos gremiales, legales e institucionales a seguir. La CATT, por su parte, ratificó su compromiso de defender la libertad sindical y llamó a organizaciones sociales, políticas y medios a acompañar la denuncia contra lo que consideran un atropello a los derechos laborales.
Detrás de esta embestida judicial asoma un patrón que preocupa al movimiento obrero: la judicialización del conflicto gremial como herramienta para disciplinar a las bases. No es casual que se utilice la figura de "asociación ilícita" para perseguir a quienes ejercieron su derecho constitucional a reclamar. La solidaridad entre sindicatos será clave para frenar este avance que, de consolidarse, sentaría un precedente peligroso para todas las organizaciones del país.
