Javier López, operario de control de procesos de ILVA Porcelanato, decidió quitarse la vida arrojándose a las vías del tren. Tenía décadas de trabajo en la planta de Pilar, cerrada desde agosto de 2025. Como otros 300 compañeros, seguía sin cobrar indemnizaciones ni sueldos atrasados. Aceptó un retiro voluntario con pago en cuotas, pero la empresa incumplió: solo percibió un mes y quedó a la deriva.
La noticia sacudió el acampe que los despedidos mantienen en la puerta de la fábrica. "No pudo soportar más lo que estamos padeciendo", escribieron en su página de Facebook. Pese al dolor, sostuvieron la convocatoria al locro solidario del Día del Trabajador. Adriana, hermana de Javier, los arengó a no bajar los brazos: "Deseo que su muerte sirva para que ningún otro pierda la vida. Si se sienten devastados, abracen a sus familias y busquen ayuda".
El caso expone la crudeza de un conflicto que lleva ocho meses sin resolución. La ola de cierres fabriles impulsada por las políticas del gobierno ultraderechista de Javier Milei no solo destruye puestos de trabajo: también destroza vidas. La pregunta que dejaron los compañeros en el posteo: ¿hasta dónde va a llegar la impunidad de esta gente?
