La campaña nacional de vacunación antigripal 2026 comenzó con tres semanas de anticipación, una medida necesaria ante la circulación temprana de la nueva variante H3N2 que presenta mayor transmisibilidad. Sin embargo, esta respuesta reactiva evidencia las fallas estructurales de un sistema que opera en emergencia permanente.
En La Plata, las filas interminables y las demoras en los centros de vacunación gratuita reflejan no solo el temor ciudadano ante la peligrosa cepa, sino también la insuficiente capacidad operativa del Estado para garantizar un derecho básico. La situación contrasta con la retórica oficial sobre cobertura universal.
Los datos son elocuentes: mientras el Ministerio de Salud adquirió 8.160.000 dosis, las provincias como San Luis solo recibieron el 27% de lo necesario. Esta distribución desigual reproduce las inequidades territoriales que caracterizan al sistema sanitario argentino.
El infectólogo Gerardo Laube advierte que la vacunación debe ser anual y obligatoria para grupos vulnerables, pero la realidad muestra que los mayores de 65 años -la población con mayor riesgo de complicaciones graves- históricamente presenta las coberturas más bajas, superando apenas el 90% en algunos grupos específicos.
La estrategia sanitaria parece limitarse a la distribución de vacunas sin abordar las barreras de acceso: desde la necesidad de órdenes médicas para personas con factores de riesgo hasta la movilidad reducida de adultos mayores que dependen de la visita domiciliaria del personal de salud.
La nueva cepa H3N2 no solo representa una amenaza viral, sino que funciona como un espejo que refleja las prioridades de un sistema que reacciona cuando la emergencia ya está instalada, en lugar de construir una política preventiva sólida y equitativa. La vacunación gratuita existe, pero el derecho a la salud sigue siendo postergado.
