En Panamá se juntaron. Esta semana. De tanto ver cómo se rompen las instituciones, cómo se incumplen las obligaciones, cómo el derecho se deshilacha, escribieron un papel. La Declaración de Panamá, le pusieron. El 17 de septiembre quedó aprobada.
El texto no habla de milagros. Habla de pobres y de desigualdad. De discriminación y de instituciones flojas. De gente que no puede participar de las decisiones que la afectan. De presiones sobre la tierra y sobre el agua. Ahí, dice, echan raíces los conflictos. Antes de que haya violencia, ya hay exclusión. Lo que la ACI llama paz positiva no es un estado de ánimo: es dignidad, justicia, oportunidades. La paz no es un objetivo suelto del desarrollo, sino su condición.
Las cooperativas, dice el documento, son constructoras de esa paz. No por virtud mágica. Por práctica. La adhesión abierta incluye. El control democrático deja decidir. La educación tiende puentes entre generaciones. La cooperación entre cooperativas convierte la solidaridad en fuerza. Son los siete principios, leídos como herramientas de trabajo.
El compromiso tiene plazo. Duplicar el tamaño de la economía cooperativa para 2035. Y una estrategia con tres verbos: Practicar, Promover, Proteger. Practicar la gobernanza democrática y el trabajo decente. Promover la visibilidad y la incidencia. Proteger la autonomía y el control de los miembros. A los gobiernos les piden leyes favorables, financiación, mercados, protección social. A las Naciones Unidas, que las involucren en los procesos de paz.
Al final, el papel de Panamá dice algo simple y terco: hay que atacar las raíces antes de que el árbol crezca torcido. Defender el Estado de derecho. Dialogar. Poner la cooperación en el centro. Lo escribieron. Ahora falta la parte que no se firma: hacerlo.
>> Documento Declaración de Panamá
