El paro nacional docente del 2 de marzo registró un acatamiento extraordinario que superó el 80% en todo el territorio nacional, transformándose en una contundente respuesta al ajuste educativo del gobierno de Javier Milei. Desde Ushuaia hasta La Quiaca, más de 900 mil trabajadores de la educación abandonaron las aulas para movilizarse en defensa de la escuela pública, el salario digno y contra la reforma laboral que pretende cercenar el derecho a huelga.
En la Ciudad de Buenos Aires, miles de docentes marcharon desde el Cabildo hasta el Congreso de la Nación, donde Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, declaró: "Paro total en todo el país. El gobierno de Milei nos quiere de rodillas, quiere que no haya paritaria nacional docente, que no haya presupuesto para la educación". La movilización contó con la unidad de CONADU, CONADU Histórica y AMET, demostrando la fortaleza del movimiento educativo frente al desfinanciamiento sistemático.
La protesta se replicó con fuerza en todas las provincias. En Córdoba, más de 4.000 docentes colmaron las calles rechazando los despidos por cierre de jornadas extendidas que afectan a 3.000 trabajadores. Río Negro vivió una masiva movilización al puente Cipolletti-Neuquén, Jujuy registró un 90% de acatamiento con unidad entre educación y salud, y Tucumán mostró paro total con miles de autoconvocados frente a Casa de Gobierno.
La bronca docente tiene múltiples causas: salarios que no alcanzan para fin de mes, agobio laboral creciente, vaciamiento de obras sociales, reformas educativas mercantilizadoras y el drama social que llega a las aulas con niños que asisten con hambre. La escuela se ha convertido en caja de resonancia de la pobreza infantil, donde muchas familias no pueden garantizar la cena de sus hijos.
La respuesta oficial fue evasiva. El Ministerio de Capital Humano se desligó del salario docente argumentando competencia provincial, profundizando así las desigualdades territoriales. Esta actitud contrasta con la unidad mostrada en las calles, donde docentes, familias y comunidades educativas demostraron que la defensa de la educación pública trasciende las fronteras gremiales y políticas.
La jornada dejó claro que el magisterio argentino no se resigna al ajuste. Como en los años 90 y durante el gobierno de Macri, los trabajadores de la educación muestran capacidad de resistencia colectiva. El desafío ahora es transformar esta fuerza en un plan de lucha sostenido que una a los distintos sectores afectados por el neoliberalismo, construyendo desde las bases una alternativa que ponga la educación como derecho social por encima de los intereses del mercado.
