El 21 de mayo de 2026, en Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, al menos 20 personas fueron asesinadas. Entre las víctimas había integrantes de empresas campesinas afiliadas a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC). Las organizaciones reunidas en la Conferencia Intermedia de La Vía Campesina, en Bangkok, Tailandia, expresaron su solidaridad con las familias y los defensores de la tierra hondureños. La masacre no fue un hecho aislado: forma parte de un entramado de violencia, amenazas y criminalización que recae sobre las comunidades rurales.
Dos meses después, el 6 de julio de 2026, un operativo policial para ejecutar un desalojo en la comunidad garífuna de San Juan, en Tela, dejó cinco detenidos vinculados al Comité de Defensa de Tierras de San Juan y a la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). La Vía Campesina rechazó el uso de fuerzas policiales y militares en conflictos territoriales. La militarización no puede sustituir el diálogo ni la justicia agraria.
Los hechos responden a una problemática estructural: concentración de la tierra, conflictos agrarios históricos, avance del agronegocio y de los intereses extractivos. Se suma la crisis climática, que agrava la sequía, la escasez de agua y la pérdida de cosechas, y complica la producción de alimentos. La aprobación del Decreto Legislativo 107-2026, sobre protección de sectores agroindustriales, energéticos, turísticos y ganaderos, preocupa por sus efectos sobre los derechos territoriales campesinos, indígenas y garífunas.
Las exigencias al Estado hondureño son concretas: protección para las comunidades y sus lideresas, investigaciones independientes sobre la masacre de Rigores y los detenidos de San Juan, suspensión de los desalojos, cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el pueblo garífuna y aplicación del Convenio 169 de la OIT.