Los seis hospitales de la Universidad de Buenos Aires están al borde del colapso. Así lo denunciaron este martes los directores médicos del Hospital de Clínicas, el Instituto Lanari y el Instituto Roffo, entre otros, al revelar que el Gobierno nacional no transfirió ni un peso del presupuesto 2026 durante los primeros cuatro meses del año. La deuda asciende a 80 mil millones de pesos y, según los especialistas, la atención corre "riesgo inminente".
Norberto Lafos, director del Lanari, fue contundente: "Llevamos un cuatrimestre entero sin ver un solo peso". Para sostener las guardias y las cirugías, los hospitales recurren a préstamos de proveedores, donaciones y lo poco que ingresan por obras sociales. Pero eso no alcanza. Marcelo Melo, del Hospital de Clínicas, explicó que el nosocomio ya funciona al 50% y que no pueden liberar la lista de cirugías ni internar pacientes. "Nuestro límite es dentro de un mes y medio", sentenció.
La crisis golpea a 700 mil personas que se atienden cada año en estos centros, donde además se forman miles de estudiantes y residentes. Los salarios también son un drama: el 70% del personal cobra por debajo de la línea de pobreza. Médicos residentes con dedicación exclusiva ganan un millón y medio de pesos, mientras que enfermeros y personal de limpieza apenas llegan al millón.
Desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, salieron a negar la falta de financiamiento. Aseguraron que transfirieron "la totalidad de los créditos presupuestarios" y acusaron a la UBA de querer quedarse con el 94,5% de una partida que pertenece a todo el sistema universitario nacional. Sin embargo, los directores insisten: no hubo depósitos para gastos de funcionamiento. La Justicia ya ordenó cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, pero el Gobierno presentó un recurso para frenarla.
Mientras el oficialismo juega con los números, los hospitales se desangran. No es una cuestión de política partidaria, como aclaró Lafos: "Esto se arregla con números". Pero los números no llegan. Y en 45 días, quienes más sufrirán las consecuencias serán los pacientes que dependen de la salud pública universitaria.
