Manuel Cabezas salió de Punta Peuco con un oficio bajo el brazo: peluquero. El exsuboficial de la Fuerza Aérea había sido condenado en 2021 por la Corte Suprema a cinco años y un día por aplicar tormentos a Patricio Rivera Cornejo y Ramón Pavez Casanova, detenidos en 1973 y torturados en la Base Aérea El Bosque. La rebaja de ocho meses le abrió la puerta. Agradeció al presidente José Kast por el decreto y, de paso, negó todo: «Todo es falso, no soy un torturador». Su defensa fue el traslado de detenidos. La justicia chilena ya había dicho otra cosa.
El mecanismo tiene firma. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, visó 22 decretos; el subsecretario Luis Silva, diez; el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, uno. Entre los 56 beneficiarios hay 56 agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes. La investigación de radio Bio Bío identificó a 33, todos hoy en libertad. Luis Caamaño Mora, el «Hermano Quelo» de Talcahuano, acumulaba más de 22 años por estupro, abuso y violación reiterada; le recortaron 30 meses. Gabriel Hernán Reyes Rebolledo tenía 15 años por violación de una menor de 14: otros 30 meses menos, con perfil de alto riesgo. Heriberto Alvarado Silva negaba los hechos y descartaba tratarse.
Los informes de Gendarmería no eran ambiguos. Peligro de reincidencia alto, nula empatía, justificación de los crímenes. La libertad condicional ordinaria obliga a escuchar a las víctimas; este trámite corrió puertas adentro entre el Ministerio y Gendarmería. Nadie les avisó. Kast reconoció que «el Estado les falló» y ratificó a Rabat y a los subsecretarios en sus puestos, con la tarea de esclarecer lo que su propia cartera firmó.
Chile carga con la herencia de la dictadura de Pinochet: una justicia que tardó décadas en condenar torturadores y una élite que administra esas condenas como favores. Ahora los mismos decretos que excarcelan a quienes quemaron cuerpos sirven para soltar a quienes abusaron de chicos. Las 33 listas circulan. Las víctimas se enteraron por la prensa.