El gobierno de la ciudad de Buenos Aires envió el viernes pasado a los colegios un procedimiento articulado con el nuevo régimen penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El texto establece que cuando una autoridad educativa tome conocimiento de un hecho que pueda constituir un delito de acción pública, deberá hacer la denuncia, en el aula o fuera de ella en el marco de actividades pedagógicas. Federico Puy, docente de nivel primario y secretario adjunto de Ademys, explicó en Radio 750 que la resolución contempla además la intervención policial en los establecimientos.
La medida se apoya en una definición jurídica: los directivos son funcionarios públicos y tienen el deber legal de denunciar. En una reunión con el ministerio, les plantearon que deben avisar directamente a la policía o a la fiscalía para cubrirse de posibles acusaciones en su contra.
El punto que más inquieta a los gremios es la vaguedad del criterio. El anexo 1 habla de hechos que "pudieran constituir un delito", lo que impide que el directivo evalúe la situación y lo obliga a informar cualquier actitud sospechosa. "Esto abre un abanico y una caja de pandora que no sé hasta dónde va a ir", advirtió.
Con 15 años de docencia en instituciones públicas, Puy aseguró que nunca presenció un ilícito de los que tipifica el gobierno. Lo que sí vio fueron peleas entre estudiantes, situaciones que los colegios abordan con actas, reuniones y citaciones a las familias. Para él, el protocolo responde a un discurso de criminalización de la juventud, en un contexto represivo: los operativos Tormenta Negra, los desalojos violentos y una policía a la que se le pide sensibilidad en el ámbito escolar.
El contraste que plantea Ademys es nítido. No hay protocolo para aumentar la cantidad de psicólogos que demanda la salud mental de los chicos, ni respuestas integrales para la situación de la juventud. Sí llegó, en cambio, el mecanismo que convierte a las conducciones en denunciantes.
