La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este lunes una ley que regula los estados de excepción y, de paso, le otorga al presidente atribuciones que hasta ahora no tenía. La norma, impulsada en medio de la crisis política y económica que sacude al país, autoriza el despliegue de las Fuerzas Armadas para intervenir en manifestaciones sociales, un punto que encendió todas las alarmas entre organizaciones de derechos humanos y movimientos populares.
El texto aprobado establece un marco legal para declarar estados de excepción, pero lo que más preocupa es la ampliación de las competencias presidenciales. Según reportan medios locales, el Ejecutivo podrá ahora restringir derechos fundamentales sin necesidad de pasar por el Congreso en situaciones de "gravedad institucional". La oposición denuncia que se trata de un cheque en blanco para criminalizar la protesta social y justificar cualquier represión.
La ley fue votada en un clima de fuerte tensión política. Mientras el oficialismo argumenta que es necesaria para garantizar el orden público frente a los bloqueos y las movilizaciones que vienen sacudiendo al país, los sectores críticos señalan que el verdadero objetivo es silenciar a quienes se oponen a las medidas de ajuste del gobierno. Organizaciones sociales ya anticiparon que recurrirán a instancias internacionales para frenar su aplicación.
El debate no es menor: Bolivia arrastra una larga historia de gobiernos que usaron estados de sitio para perseguir opositores. Con esta ley, el temor es que se institucionalice la represión bajo un barniz de legalidad. La norma ahora pasa al Senado, donde se espera una discusión igual de caliente. Lo que queda claro es que, en nombre de la estabilidad, se está armando el andamiaje para que el Estado pueda meter el acelerador a fondo contra su propio pueblo.
