Este 8 de marzo, las calles de Brasil fueron tomadas por movimientos feministas que exigen políticas concretas contra el feminicidio y la eliminación de la escala laboral 6×1. Las manifestaciones, organizadas en todas las regiones del país, colocan en el centro del debate la urgencia de destinar más recursos para combatir la violencia machista y defender la democracia desde una perspectiva de género.
El presidente Lula se sumó a estas demandas en un pronunciamiento oficial, destacando cómo la escala 6×1 perjudica especialmente a las mujeres que enfrentan doble jornada laboral. "Está en hora de acabar con esto", afirmó el mandatario, subrayando que esta modalidad laboral significa menos tiempo para la familia, el estudio y el descanso. El gobierno trabaja con su base parlamentaria para avanzar en la eliminación de este régimen laboral en el Congreso Nacional.
La agenda feminista también incluye la lucha contra los agrotóxicos como violencia silenciosa contra las mujeres y sus territorios, la disputa por la ciudad desde una perspectiva de género, y la denuncia de la subrepresentación femenina en decisiones sobre restauración ecológica. El caso de Tainara, donde la inacción estatal tuvo consecuencias fatales, ejemplifica las fallas sistémicas que enfrentan las mujeres brasileñas.
El gobierno anunciará en marzo nuevas medidas contra el acoso en línea, complementando el Estatuto Digital de Niños y Adolescentes que entrará en vigor el 17 de marzo. Este marco regulatorio obliga a las plataformas digitales a prevenir riesgos como explotación sexual, violencia física, intimidación y prácticas publicitarias predatorias.
La movilización de este domingo representa un desafío político concreto: transformar las demandas históricas del movimiento feminista en políticas públicas efectivas que garanticen no solo la supervivencia, sino la posibilidad de vivir con seguridad y libertad. La lucha por la igualdad de género se consolida como un termómetro de la calidad democrática en el Brasil contemporáneo.
