El presidente promulgó ayer la ley de estados de sitio asegurando que los bloqueos en calles y avenidas no responden a demandas justas ni a una mala gestión económica, sino al narcoterrorismo. La acusación es grave: sin antecedentes de ese tipo de acciones en el país, el gobierno equipara la protesta social con el crimen organizado que ha devastado a países como México. Y lo hace siguiendo la línea que ya había marcado días atrás, cuando denunció un ataque narcoterrorista en Bolivia.
Pero el mismo día que se firma el decreto, aparece una noticia que contradice el relato oficial. En puertos chilenos se detectaron 100 toneladas de droga boliviana camufladas en cargamentos de madera con destino a Europa. Lo más llamativo: la exportación contaba con todas las autorizaciones de instituciones estatales bolivianas, incluyendo la Aduana y el Ministerio de Comercio Exterior. El cargamento tenía el canal verde para ser embarcado sin revisión. Ahí está la contradicción que señalan los analistas: si el gobierno quiere combatir el narcoterrorismo, ¿por qué no empieza por las propias instituciones del Estado que habilitaron esa operación?
Mientras tanto, la represión avanza. Entre jueves y viernes ya suman entre 25 y 30 dirigentes de la COB detenidos en instalaciones de la UNAM. El sábado, durante la intervención de un bloqueo, murió Julián García de un balazo propiciado por las fuerzas del orden. En ese mismo operativo, la Unión Juvenil Cruceñista —grupo paramilitar afín al gobierno— atacó a los policías, dejando 32 heridos y un muerto. El Estado no ha dialogado con los sectores, los ha criminalizado y ahora el estado de excepción le da luz verde para seguir persiguiendo manifestantes con armas y material pesado, en una escalada que recuerda a la actuación de Noboa con el visto bueno de Marco Rubio y Estados Unidos.
