Así lo describió Martín Marcial Pachado, secretario y vocero de la comunidad, quien señaló que el personal de la empresa y los efectivos policiales que llegaron a reprimirlos permanecen instalados en Aguas Calientes, a unos seis kilómetros de distancia. Desde allí suben en motos y camionetas 4x4 hasta el territorio de Peñas Negras, donde viven unas 40 familias dedicadas al pastoreo de llamas, ovejas y cabras, y a la producción de lana, tejidos y queso.
El conflicto se remonta a 2021, cuando los comuneros advirtieron la presencia de personas que realizaban estudios y tomaban fotografías del agua y los animales. Dos años después, en julio de 2023, dejaron asentado en acta su rechazo al estudio de su territorio durante una reunión con la secretaria de Minería, Teresita Regalado, y el director de Afirmación de Derechos Indígenas, Emmanuel Fiol. Las empresas Elevado Gold S.A. y las contratistas Amalaya S.A. y Millaray S.A. operan con autorización provincial en el proyecto Alto El Mulato, sin cumplir con la Consulta Previa, Libre e Informada que establece el Convenio 169 de la OIT.
La represión se agravó en septiembre. El miércoles 2, comuneros que sostenían un campamento fueron golpeados y agredidos con gas pimienta. Cuatro días después, la abogada Andrea Morales Leanza presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Belén y pidió la intervención de peritos judiciales. En diálogo con Ancasti Streaming, la letrada afirmó que Peñas Negras "se encuentra sitiada" y que grupos promineros impiden el ingreso de ayuda. En abril de 2024, un operativo de Infantería escoltó a la minera y destruyó corrales; Félix Escalante, de 83 años, fue herido con balas de goma, y el cacique Sebastián Gutiérrez quedó detenido.
El gobernador Raúl Jalil ya manifestó que no dará marcha atrás con los proyectos. La empresa, como contrapartida, anunció un aporte de 15 mil dólares para refaccionar una escuela rural. La comunidad sigue en alerta, defendiendo el cerro.
