La crisis de salud mental en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires estalló. Amenazas de tiroteos viralizadas en redes sociales, mensajes en los baños, pánico colectivo. La respuesta del gobierno porteño, lejos de atender las causas profundas, se limitó a un despliegue policial. "La única respuesta institucional fue meter a la policía adentro de los colegios en vez de mirar el problema de raíz", denunció Emma Drut, secretaria general del Centro de Estudiantes del Lenguas, en diálogo con Tiempo Argentino.
El 21 de abril, Jorge Macri convocó a una conferencia de prensa con todo su gabinete para presentar un protocolo de "seguridad escolar". Pero lo que esperaban las comunidades educativas —más presupuesto para los Equipos de Orientación Escolar (EOE), más psicólogos, más psicopedagogos— no llegó. Los EOE, que abordan problemáticas de violencia, autolesiones e ideaciones suicidas, están desfinanciados y colapsados. Según datos oficiales obtenidos por Tiempo, en los últimos dos años se registraron 36.532 solicitudes de intervención, casi el 21% del total de estudiantes de gestión estatal. Sin embargo, hay distritos escolares que cuentan con apenas 12 profesionales para decenas de escuelas.
Los estudiantes nucleados en la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB) cortaron San Juan y Boedo para visibilizar el abandono sistemático. "No es que no hay plata, es una decisión política no invertir en la salud mental de nuestra generación", advirtió Drut. Mientras el presupuesto educativo cayó un 20% en la última década, los barrios más postergados —Barracas, La Boca, Villa Soldati, Bajo Flores— concentran las mayores demandas.
