El lunes 1 de junio, miles de maestras, maestros y médicos del sector público arrancaron una huelga general en todo Honduras. La medida, que incluyó la suspensión de clases y la paralización de la atención en hospitales públicos, fue la respuesta a las diferencias laborales y salariales con el Gobierno que preside Nasry Asfura, según reportó la agencia Reuters.
La Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) denunció que el Ejecutivo no cumplió con el reajuste salarial que había anunciado como un compromiso oficial. Unos 71.000 docentes fueron convocados a la protesta bajo la modalidad de "brazos caídos", una medida que el gremio justificó como defensa de una educación pública digna y de calidad. Además, exigen el pago retroactivo de los incrementos desde enero y acciones concretas para fortalecer programas como la alimentación escolar.
El malestar no se limita al bolsillo. La FOMH también señaló el aumento del costo de vida, la caída de la matrícula escolar y la violencia que ya se cobró la vida de tres estudiantes. Mientras el Gobierno instaló una Mesa Nacional de Diálogo, los dirigentes gremiales denunciaron que los convocados no representan a las organizaciones legítimas del magisterio. "Están hablando entre ellos mismos, no con los verdaderos representantes", disparó Yuri Hernández, del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros. La bronca está lejos de apagarse.
