Unos lo anuncian de frente. Otros lo reparten en pedazos que parecen arreglos técnicos. Mishka Iturri Avendaño lo dice claro: las reformas no se leen una por una. Es en el tejido donde aparece el proyecto. Lo que está en juego es el desmontaje de la Constitución de 2009 bajo la apariencia de cambios aislados.
El primer terreno es la economía. La CPE de 2009 nació como respuesta a un modelo que había vaciado al Estado y entregado los sectores estratégicos al mercado. Frente a eso escribió otra cosa: los bienes naturales son del pueblo boliviano, el Estado los administra para el interés colectivo, y la riqueza debe sostener la soberanía, la industrialización y el reparto. El artículo 349 los declara de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible. El 351 le da al Estado el control sobre exploración, explotación, transformación, transporte y comercialización. Las reformas tocan esas condiciones. Abren margen para lo privado y lo extranjero, debilitan las obligaciones de control y reinversión. En el artículo 357 aparece la bisagra: actores privados y extranjeros podrían acceder a formas de propiedad sobre bienes que en 2009 quedaron bajo dominio social.
Los hidrocarburos muestran el alcance con más nitidez. El artículo 359 los declara propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo. El 361 le da a YPFB un lugar en la Carta Magna como empresa pública y como instrumento central del sector. El 367 fija como prioridades el abastecimiento interno y la transformación del excedente. Debilitar esas garantías reduce la capacidad del Estado para decidir qué hacer con una de las principales fuentes de riqueza del país. No es solo el régimen energético: es una de las expresiones más concretas de la soberanía económica.
El segundo terreno es la justicia. Las propuestas modifican la elección por sufragio universal de las magistraturas del Tribunal Supremo, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional. También trasladan a la ley ordinaria los requisitos, mandatos, incompatibilidades y cesación de funciones. El problema no es suponer que el mecanismo actual sea perfecto. El problema es qué pasa cuando materias que estaban en la Constitución pasan a depender de una ley. Una garantía puede desmontarse de dos maneras: eliminándola o reduciendo su alcance. El artículo 203 es el nudo. Ahí se establece que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes y obligatorias. Debilitarlo reduce la fuerza de la justicia constitucional y uno de los mecanismos para que la Carta Magna esté por encima del poder político.
El agua merece un renglón aparte. La CPE la reconoce como derecho fundamentalísimo para la vida y declara los recursos hídricos estratégicos, no apropiables ni concesibles. Esa definición viene de las luchas que precedieron al proceso constituyente. Tocar esas garantías es revisar una conquista que convirtió en principio jurídico lo que se había defendido en las calles.
Iturri lo cierra sin adorno: "¿Estamos dispuestos a renunciar a la Bolivia por la que lucharon nuestras madres y abuelos?"
