Las cifras son alarmantes: 982 casos confirmados por los CDC, cuatro veces más que el año anterior. Carolina del Sur lidera esta tragedia con 800 contagios desde enero, sumando 973 en total desde el otoño pasado. Veintiséis estados reportan infecciones, con brotes crecientes en Utah, Arizona y Florida, donde 92 casos incluyen un foco en la Universidad Ave Maria. El sistema sanitario colapsa bajo hospitalizaciones de adultos y menores, recordando que más del 10% de los casos requirieron internación en 2025.
Michigan anticipa lo inevitable. Su directora médica, Natasha Bagdasarian, advierte sobre la llegada segura del virus, tras los 30 casos del año pasado. La inmunización infantil cae peligrosamente: de 75% en 2017 a 68% actualmente, lejos del 95% necesario para inmunidad colectiva. Kent County, aunque con mejores números relativos, tampoco alcanza el umbral protector.
Esta crisis tiene responsables políticos claros. La desinformación antivacunas floreció durante el régimen Trump, sembrando dudas que hoy cosechan hospitalizaciones. El modelo neoliberal priorizó ganancias sobre prevención, recortando programas de salud pública que mantenían eliminado el sarampión desde el año 2000. Ahora, Estados Unidos podría perder ese estatus, retrocediendo décadas en conquistas sanitarias.
La solidaridad colectiva brilla en clínicas móviles como la de Spartanburg, ofreciendo vacunación gratuita. Pero estas acciones paliativas no bastan frente a un sistema que abandonó la salud como derecho. Cada caso de sarampión representa un fracaso político, una víctima de la mercantilización de la vida donde las farmacéuticas lucran con enfermedades que podrían prevenirse.
