Pilar Escalante y Paola Gross, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Rosario, hablaron en El Día Está Después, de Radio UNR. En la previa de la marcha del orgullo y del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro, con la Plaza San Martín esperando a las cinco.
El marco normativo sigue vigente. Abortar sigue siendo un derecho hasta la semana 14 en todo el territorio argentino. Lo que cambió es otra cosa: el Gobierno Nacional dejó de comprar y entregar anticonceptivos, preservativos y medicación para abortos seguros. Desarmó el Plan ENIA, el programa de prevención de embarazos no intencionales en niñas y adolescentes. Escalante lo dijo sin vueltas: buscan reinstalar ideas de control sobre los cuerpos de las mujeres y volver a la obligatoriedad de ser madres.
Los números del Proyecto Mirar, presentados por organizaciones de la sociedad civil porque el Ministerio no los publica, muestran la caída. La cobertura en anticoncepción bajó un 93%. En 2024 fueron 1.200.000 mujeres las que accedieron a anticonceptivos provistos por nación; en 2026, apenas 63.000. La proyección habla de 240.000 embarazos no intencionales más, 112.000 abortos que podrían haberse prevenido, 452 muertes maternas posibles y 2.600 muertes neonatales.
En Santa Fe el piso es otro. El Laboratorio Industrial Farmacéutico produce misoprostol desde 2018 o 2019, y ahora también misopristona, el tratamiento de estándar internacional. Eso sostiene el acceso en la provincia. Pero no alcanza para tapar el resto: un estudio de las compañeras de Multipalabras, presentado en Rosario, señala que más del 80% de las personas encuestadas no sabe dónde consultar cuando necesita interrumpir un embarazo.
Gross apuntó a la mentira que quiere atar la baja de la natalidad a los avances feministas. No hay correlación, dijo. La cantidad de abortos se sostiene año a año y la caída de la natalidad es un fenómeno global. Lo que sí tiene que ver el aborto es con vidas más libres, con crianzas entendidas desde el deseo y no desde la obligación. Sobre la ESI, que cumple veinte años desde su sanción en 2006, las dos coincidieron: sigue siendo deuda pendiente y está bajo ataque, con la educación emocional queriendo reemplazar la herramienta que permitió que pibas y pibes detectaran y denunciaran abusos.
El Programa Remediar, que durante veinte años llevó botiquines con insumos de salud sexual a más de 600 efectores en Santa Fe, ya no existe. Cuando el Estado Nacional se retira, queda la discrecionalidad de cada provincia y su presupuesto. Ahí vuelve la inequidad. La marcha de ayer y la jornada de hoy en el Concejo son el cuerpo que se junta para que el derecho no se apague por falta de insumos.
