Wilfredo tiene 10 años, es venezolano y hace dos semanas se paró solo frente a un juez de inmigración en Estados Unidos. Sin abogado, sin un adulto que lo acompañara, tuvo que explicar por qué no deberían deportarlo a Ecuador, un país donde no tiene familia ni redes de contención. Su madre seguía detenida en un centro del ICE. "Tenía miedo porque era la primera vez que iba a un tribunal", confesó el niño a Univisión.
El caso no es aislado. El régimen Trump ordenó en febrero de 2025 que las organizaciones sin fines de lucro suspendieran los servicios legales que financiaba el gobierno federal. Esa decisión paralizó el Programa para Niños No Acompañados, que hasta entonces garantizaba representación legal a más de 26.000 menores en procesos migratorios. De un día para el otro, miles de chicos quedaron a la deriva en un sistema judicial hostil y complejo.
Tres expertos independientes de Naciones Unidas ya habían alertado en enero: negarles representación legal a niños y niñas es una violación grave a sus derechos humanos. El Departamento de Seguridad Nacional inició el proceso de deportación de Wilfredo el 25 de marzo de 2026, pese a que tanto él como su madre tenían solicitudes de asilo pendientes y autorización para permanecer en el país.
Sin asistencia jurídica, las probabilidades de ser deportados se disparan. Las consecuencias son devastadoras, sobre todo cuando se intenta expulsar a menores a terceros países donde no tienen ningún vínculo familiar.
