La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) anunció un nuevo paro nacional para el próximo 8 de abril, en un contexto donde la Justicia le dio la razón al gremio al obligar al gobierno de Javier Milei a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. La medida de fuerza llega después del exitoso paro del 31 de marzo, que registró alto acatamiento en todo el país, y se enmarca en una pérdida salarial del 48,7% desde el inicio de la actual gestión.
El plenario de secretarios generales de la FEDUN, encabezado por Daniel Ricci, resolvió convocar a una Jornada Nacional por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión incluye movilizaciones, actividades de protesta y paro en universidades de todo el territorio nacional. Los docentes universitarios exigen la urgente convocatoria a paritaria nacional para recomponer salarios que se encuentran en caída libre.
La situación presupuestaria es crítica. A pesar del fallo judicial favorable, el flujo de fondos hacia las universidades públicas está virtualmente paralizado, generando asfixia financiera en las instituciones de educación superior. La FEDUN advierte que esta combinación de desfinanciamiento y pérdida del poder adquisitivo pone en riesgo el normal funcionamiento del sistema universitario público.
El gremio ratificó su estado de alerta y movilización permanente en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad. En una declaración política sorpresiva, la federación también manifestó su rechazo total a las modificaciones de la Ley de Glaciares, alertando sobre consecuencias ambientales y sociales irreparables. La solidaridad gremial se extendió hacia los trabajadores del SITRAIUPA, denunciando irregularidades en el proceso electoral del Instituto Universitario Patagónico de las Artes.
La comunidad universitaria espera un gesto del Ministerio de Capital Humano para abrir una instancia de diálogo que evite la paralización total del sistema educativo superior. La consigna es clara: no hay universidad de calidad sin salarios dignos, y la defensa de la educación pública se entrelaza con la protección del patrimonio natural y los derechos laborales.
