Las universidades nacionales enfrentan su peor crisis en décadas. Docentes y estudiantes transforman la Plaza de Mayo en un gigantesco aula al aire libre, dictando clases públicas frente a la Casa Rosada. El gobierno acumula más de 170 días incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por la Justicia pero ignorada sistemáticamente. Los salarios docentes se convirtieron en miseria: un ayudante de primera percibe apenas $228.095, cifra que ni siquiera alcanza para cubrir la canasta básica. La brecha entre ingresos y costo de vida supera el 50%, empujando a profesionales del conocimiento por debajo de la línea de pobreza.
La Conadu Histórica convocó a la cuarta semana de paro nacional del 13 al 18 de abril, paralizando todas las casas de altos estudios. Los reclamos exigen una recomposición salarial del 51% y la aplicación inmediata de la ley. El gobierno respondió con aumentos unilaterales del 6,7% fraccionado, cifras que quedan sistemáticamente por debajo de la inflación mensual. Esta asfixia presupuestaria deliberada provoca un éxodo profesional masivo: más de 10.000 docentes renunciaron a sus cargos en todo el país. En el Departamento de Computación de Exactas UBA, más de la mitad del plantel abandonó sus funciones.
La crisis afecta también a estudiantes. Las becas Progresar congeladas en $35.000 no alcanzan ni para comprar libros de texto. Con el 46% del alumnado proveniente de hogares pobres, la deserción estudiantil se dispara. Docentes sobreviven con pluriempleo, recurriendo a aplicaciones de transporte y reparto para cubrir necesidades básicas. La situación refleja un proyecto político que busca mercantilizar la educación, destruyendo el ascenso social y la producción científica colectiva. La universidad pública resiste en las calles, enseñando que el conocimiento no se privatiza ni se ajusta.
