La radiografía social uruguaya muestra grietas profundas. Una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana desnuda una realidad incómoda: el 82% de la población considera que creció la cantidad de personas durmiendo en las calles. El dato se vuelve más crudo al desglosarlo: el 63% afirma que "ha aumentado mucho". Solo un 1% percibe disminución. Estos números no son estadísticas frías, son testimonios colectivos de un fracaso sistémico.
La ciudadanía señala con el dedo acusador. El 81% de los encuestados responsabiliza al gobierno con "mucha" o "bastante" culpa por esta situación. La mitad de las respuestas indica que el Ejecutivo no implementa medidas efectivas. Esta percepción de inacción se refleja en la evaluación de gestión: el 39% califica la administración como "mala" o "muy mala". El gobierno responde con el Operativo Calle, enfocado en aplicar la ley de faltas para "preservar la convivencia", un enfoque que muchos ven como punitivo antes que solidario.
El Ministerio de Desarrollo Social asegura atender a ocho mil personas y prepararse para el invierno que se avecina. El titular del Mides, Gonzalo Civila, reconoce: "Debemos buscar más". Las temperaturas bajan y la emergencia roja del invierno 2025 dejó lecciones sobre la necesidad de ampliar refugios. La pregunta que flota en el aire gélido es si las respuestas institucionales alcanzan para enfrentar un problema estructural que el neoliberalismo ha profundizado. La calle como hogar no debería ser la normalidad en ninguna sociedad que se pretenda justa.
