Veinte años después de una de las mayores masacres policiales de la historia reciente de Brasil, organizaciones de derechos humanos decidieron escalar el caso a la ONU. Mães de Maio, Conectas y otras entidades presentaron una denuncia internacional contra el Estado brasileño por omisión sistemática en la investigación y reparación de los llamados "Crimes de Maio" de 2006.
En apenas nueve días, la violencia policial en el estado de São Paulo dejó 564 personas asesinadas. La mayoría eran jóvenes negros y moradores de las periferias. El documento enviado a Naciones Unidas sostiene que no se trató de un contexto de normalidad institucional, sino de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y manipulación de pruebas. Las organizaciones denuncian que el Estado brasileño ha incurrido en una omisión persistente que reproduce la letalidad estatal.
El centro de la disputa judicial está en el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Allí se analiza si estos crímenes deben ser reconocidos como graves violaciones de derechos humanos, lo que los haría imprescriptibles para efectos de reparación. El relator, ministro Teodoro Silva Santos, ya votó a favor de ese entendimiento, pero el juez Marco Aurélio Bellizze pidió vista y suspendió el juzgamiento. Las entidades advierten que no reconocer esta tesis significaría un salvo conducto para la inacción estatal y un grave retroceso en la responsabilización del Estado.
El caso del Parque Bristol es emblemático. En mayo de 2006, cinco jóvenes fueron atacados por hombres encapuchados. Tres murieron en el acto. La investigación federal recién comenzó en 2024 y la Policía Federal concluyó que no hay cómo identificar a los autores. Para las organizaciones, esto evidencia la fragilidad del control institucional sobre las fuerzas de seguridad.
Lo que está en juego va más allá de las víctimas directas. La decisión del STJ puede sentar un precedente sobre cómo el Estado responde ante su propia violencia. Limitar el reconocimiento de violaciones graves de derechos humanos al período de la dictadura, como se ha aventurado en el tribunal, es negar la permanencia de una violencia estructural que sigue matando jóvenes negros en las periferias. La comunidad internacional observa.
