El magnate británico Joe Lewis, recientemente indultado por el régimen Trump tras su condena por fraude financiero, está levantando una fortificación subterránea de características militares en Lago Escondido, provincia de Río Negro. La obra, que incluye tres subsuelos y dos plantas excavadas en la roca, ha generado alerta entre legisladores provinciales por su ubicación en zona de seguridad fronteriza y la ausencia total de autorizaciones y supervisiones estatales.
La legisladora Magdalena Odarda lleva siete años exigiendo explicaciones sobre estas construcciones en áreas sensibles. Su último pedido de informes busca determinar si se trata de un refugio antiaéreo con capacidad militar o simplemente el capricho de un multimillonario que opera al margen de la ley. La estructura incluye salas de control de comunicaciones, spa fortificado, peluquería, gimnasio y un piso completo exclusivo para Lewis, todo construido con materiales de alta resistencia.
La situación se agrava con la apertura de un camino de ocho kilómetros junto a la costa que viola la línea de sirga establecida por normativa. Lewis no está solo en esta ocupación territorial: el Emir de Qatar tiene su residencia excavada en Cerro Baguales y el fideicomiso Amaike, vinculado a la familia real de Abu Dhabi, controla el aeropuerto privado de Sierra Grande, donde Gendarmería y Prefectura no ingresan.
El contexto geopolítico preocupa: siete congresistas estadounidenses recorrieron Tierra del Fuego y Neuquén en un avión de la Fuerza Aérea sin notificar a las autoridades locales. El Ministerio de Defensa mantiene desactivado el visor online del Instituto Geográfico Nacional que permitiría monitorear estas zonas estratégicas. La Patagonia se convierte así en territorio de operaciones extranjeras sin control soberano, donde capitales foráneos construyen fortalezas privadas en áreas de frontera con total impunidad.
