El Congreso peruano, calificado por analistas como un "pacto mafioso" que controla instituciones clave del Estado, prepara la elección de un nuevo presidente que asumirá hasta julio de 2026. Este será el cuarto mandatario en cinco años, evidenciando la profunda crisis democrática que atraviesa el país. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señala que este parlamento ha sido "principal responsable del deterioro institucional, la inestabilidad política y el debilitamiento de los contrapesos democráticos".
La situación refleja lo que investigadores como Jaime Antezana denominan "dictadura parlamentaria narco criminal", donde grupos vinculados a economías ilegales han incursionado en política para proteger negocios ilícitos. El Democracy Index 2025 de The Economist ya degradó a Perú de "democracia defectuosa" a "régimen híbrido", reconociendo rasgos autoritarios en su sistema.
El escenario electoral de abril se desarrolla bajo condiciones diseñadas para confundir al electorado, con 37 opciones que dispersan el voto popular. El pacto mafioso aspira a controlar el nuevo Senado -creado contra la voluntad ciudadana- para mantener su dominio incluso si pierde la presidencia. Esta arquitectura institucional concentra poder sin respetar la separación de poderes, erosionando las bases mismas de la democracia.
La línea presidencial desde 2016 muestra un patrón constante: Kuczynski renunció por corrupción, Vizcarra fue vacado, Merino cayó en cinco días, Castillo destituido irregularmente, Boluarte destituida y ahora Jerí censurado. Cada salida fortalece a un Congreso que opera como brazo político de intereses oscuros, transformando la democracia en farsa institucionalizada donde el pueblo paga las consecuencias de esta captura mafiosa del Estado.
