Uniformados en retiro y activos respiran un aire de reivindicación peligrosa. Creen que "por fin llegó su momento" y perciben respaldo político absoluto para acciones que transgreden los límites democráticos. En círculos cercanos al poder emergente se habla de crear servicios de inteligencia paralelos, elaborar listas negras de opositores y diseñar operaciones para "salir a las calles a buscar octubristas". La retórica ya no gira en torno al debate, sino a "aplastar enemigos".
Este clima previo se alimenta de un lenguaje revelador que confunde orden público con castigo y seguridad con escarmiento. Se mencionan disparos en protestas, golpizas ejemplificadoras y encarcelamiento de manifestantes. En foros cerrados resurge una admiración inquietante por los años más oscuros de Chile, relativizando asesinatos y romantizando la brutalidad de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) como si fuera herramienta necesaria en lugar de maquinaria de terror.
Kast enfrenta una encrucijada compleja. Sus promesas programáticas de septiembre 2025 incluyen proteger a Carabineros con seguros de vida, renovar armamento y aumentar dotaciones policiales. Pero el verdadero desafío será contener a quienes interpretan ese respaldo como licencia para la persecución política. La historia judicial chilena ofrece advertencias elocuentes: en los tribunales, las lealtades se diluyen cuando aparece la responsabilidad penal, como quedó demostrado en el careo entre Pinochet y Contreras donde ambos se culparon mutuamente.
El riesgo no es sólo la violencia física, sino la instalación de una cultura del miedo que haría retroceder décadas de avances democráticos. Cuando la Agencia Nacional de Inteligencia pierde neutralidad técnica para convertirse en instrumento de persecución selectiva, deja de proteger al Estado y comienza a proteger a un proyecto político particular. La tentación de satisfacer a bases que exigen mano dura sin límites podría transformarse en trampa institucional, donde cada protesta sería vista como provocación y cada voz crítica como conspiración.
La memoria histórica no es recurso retórico, sino advertencia concreta: el verdadero liderazgo se mide por la violencia que logra contener, especialmente cuando proviene de los propios adherentes. Gobernar bajo presión de los ultras exige resistir la lógica que convierte diferencias políticas en traiciones merecedoras de castigo o mostrar abiertamente el plan de gobierno como la implantación de una dicatdura encubierta, que utilizará la violencia hacia el pueblo frente a las políticas antipopulares y extranjerizante de las riquezas.
