Mientras el gobierno de Javier Milei impulsa una reforma laboral que flexibiliza derechos, un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó en la Cámara baja un proyecto que va en la dirección opuesta: reconocer la relación de dependencia entre las aplicaciones de delivery y sus trabajadores. La iniciativa, que cuenta con el respaldo del gobernador bonaerense Axel Kicillof y fue asesorada por el diputado Hugo Moyano (hijo), busca ponerle fin a la ficción del "emprendedor" que las empresas como Rappi, PedidosYa y Uber sostienen para evadir obligaciones laborales.
El proyecto no surge en el vacío. La Suprema Corte de Justicia bonaerense acaba de fallar a favor de considerar a los repartidores como trabajadores en relación de dependencia, multando a Rappi con 16 millones de pesos por incumplimientos. Además, la iniciativa está en sintonía con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que en su última conferencia puso en agenda la regulación global del trabajo en plataformas.
Los números del sector son demoledores. Según el Sindicato de Base de Trabajadores por Aplicación (SiTraRepA), un repartidor necesita hacer entre 460 y 800 pedidos mensuales para alcanzar la canasta básica, lo que implica jornadas de 10 a 14 horas diarias, los siete días de la semana. Un estudio de la Universidad de Córdoba reveló que solo 1 de cada 10 trabajadores se define como "emprendedor"; la mayoría se reconoce como empleado subordinado y reclama vacaciones, aguinaldo y obra social.
La paradoja es que, mientras crece la oferta de trabajadores precarizados, la demanda de pedidos cayó un 12% interanual por la pérdida de poder adquisitivo. Las aplicaciones cobran comisiones de hasta el 35% a los comercios, duplicando los costos de otras plataformas. Si el deterioro sigue así, no habrá pedaleo que alcance para sobrevivir. La regulación, más que una opción, se impone como una urgencia.
