La lucha por la verdad en Uruguay vuelve a tomar las calles y los titulares. Familiares de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985) redoblaron la presión sobre el gobierno de Yamandú Orsi, exigiendo que cumpla con una orden que ya lleva demasiado tiempo en un cajón: la apertura total de los archivos militares. La paciencia tiene un límite, y en este caso, hace rato que se rompió.
Las organizaciones de derechos humanos, nucleadas en el Pit-Cnt y otras agrupaciones, denuncian que las Fuerzas Armadas han recurrido a maniobras dilatorias para no entregar la información. La orden presidencial existe, pero en los hechos, los militares siguen poniendo trabas. "No puede haber más dilatorias", sentencian desde el sindicato, dejando claro que el tiempo de las excusas ya pasó. La exigencia es concreta: que Orsi ordene de manera efectiva y sin más vueltas la entrega de todos los documentos clasificados.
Mientras tanto, las familias siguen cavando en el pasado con las uñas. Saben que en algún archivo polvoriento, en algún informe olvidado, puede estar la clave para saber dónde fueron a parar sus seres queridos. La impunidad, denuncian, no es solo la falta de condenas a los represores, sino también la negativa sistemática a decir la verdad. Cada archivo cerrado es una herida que no cierra.
La discusión no es nueva, pero el contexto político actual le da una urgencia particular. Orsi, que llegó al poder con un discurso de renovación, se juega su credibilidad en este expediente. No se trata solo de un gesto simbólico: abrir los archivos es un acto de justicia que el Estado uruguayo le debe a su propia historia. La memoria no negocia, y las familias ya dejaron claro que no van a bajar los brazos.
