Las 20 provincias del Departamento de La Paz, encabezadas por la Provincia de Camacho, están en estado de emergencia. En una conferencia de prensa cargada de furia popular, las autoridades indígenas denunciaron que el gobierno de Rodrigo Paz les ha dado ultimátums, pero ahora son ellas quienes marcan el tiempo. "Se acaba el tiempo del señor Rodrigo Paz. Tarde o temprano se va a ir con una convulsión social", advirtieron, mientras confirmaban que hay hermanos heridos de bala y detenidos que están siendo masacrados en las cárceles.
El diálogo, según los voceros, es una farsa. Denuncian que el gobierno invita a sus "lunkos" y "pongos políticos", no a las verdaderas autoridades. "Jamás nos vamos a negociar sobre la sangre derramada de nuestros hermanos", sentenciaron. La ley 1341 fue abrogada, pero la molestia sigue viva: decretos sin consulta, los 32 narcomaletas sin informe, el avión siniestrado de El Alto, la gasolina basura y la ley 1720 que afecta tierras y territorios. Todo eso, dicen, explica por qué el pueblo pide la renuncia.
El gobierno amenaza con un estado de excepción, pero las bases no se achican. "Cuando el pueblo se moviliza, ya no hay autoridad que pueda hacer respetar eso", afirmaron, recordando las luchas de 2003 y 2018. La estrategia es clara: no anuncian sus próximos movimientos porque "el que anuncia es producto de la traición". Mientras tanto, los bloqueos están al 100% y siguen sumando fuerzas de otros departamentos. "Vamos a dar nuestros pechos, vamos a dar vidas si es necesario", advierten, mientras exigen la liberación inmediata de los detenidos de las 20 provincias.
