Los centros de estudiantes que integran el Cordón Secundario de la Región Metropolitana emitieron una declaración pública en la que rechazan de forma categórica el proyecto de ley "Escuelas Protegidas", que está a punto de cerrar su trámite legislativo. La organización denuncia que, pese a las múltiples instancias de participación, cartas y movilizaciones que realizaron durante todo el proceso, sus planteamientos fueron ignorados por las autoridades.
Uno de los puntos más criticados es la falta de protocolos claros en la ley. Según el comunicado, medidas como la revisión de mochilas y bolsillos o el fortalecimiento de la "autoridad docente" abren la puerta a ambientes arbitrarios y discriminatorios. Los estudiantes advierten que esto no solo no resuelve los conflictos, sino que genera condiciones para la persecución política, el acoso y la violencia psicológica. Además, señalan que la figura de una "autoridad docente" enfrenta a estudiantes con profesores, rompiendo la convivencia escolar y, paradójicamente, aumentando las posibilidades de violencia.
El texto también apunta a la precarización laboral de los directivos de establecimientos públicos, que quedarían sin claridad sobre cómo implementar la ley. "La docencia no puede constituirse mediante el miedo", afirman, y sostienen que el respeto se construye con diálogo, empatía y apoyo mutuo, no con sanciones. Para los estudiantes, esta ley trata a los jóvenes como "seres delictivos" que deben ser revisados, vigilados y castigados, ignorando las causas estructurales de la violencia, como la falta de financiamiento, la crisis de salud mental y el abandono estatal. Frente a esto, exigen detener las lógicas punitivas y fortalecer la organización estudiantil para defender una educación que no se construya desde el miedo ni la represión.
