La especialista en psicología laboral Nicole Ortiz explicó que esta nueva fase implica pasar de 44 a 42 horas semanales, como parte de un proceso gradual que en dos años más llevará la jornada a las 40 horas. La medida aplica a trabajadores regidos por el Código del Trabajo, pero no alcanza a quienes se rigen por estatutos especiales como el administrativo, docente o de salud, que mantienen sus jornadas definidas por ley.
Ortiz detalló que la implementación debe darse idealmente por acuerdo entre las partes. Si no hay consenso, el empleador debe reducir las dos horas al final de la jornada, y la distribución dependerá de si se trabaja cinco o seis días a la semana. La especialista remarcó que el sueldo no puede rebajarse por la reducción de horas y que el tiempo de colación debe mantenerse igual, sin que los empleadores puedan alargarlo para compensar.
Sobre el impacto en la calidad de vida, Ortiz señaló que la ley busca una mayor conciliación entre la vida familiar y laboral, y que experiencias internacionales muestran que jornadas más acotadas aumentan la productividad durante el tiempo efectivo de trabajo. Para quienes enfrenten incumplimientos, recomendó dejar constancia por escrito y, si el empleador persiste, recurrir a la Inspección del Trabajo, incluso con denuncias anónimas. La proyección de turnos y la información son claves para que trabajadores y empleadores se adapten a esta nueva etapa y a la que viene en dos años más.
