La conferencia de prensa del colectivo Ni Una Menos dejó en claro que el femicidio de Agostina Vega no es un caso aislado sino la punta del iceberg de una política de Estado que, según denunciaron, elige a quién buscar y a quién dejar morir. Las organizadoras señalaron que, aunque existían sistemas de alerta y facultades para allanar y detener, la justicia optó por la desidia porque la víctima era una piba pobre, habitante de un barrio popular. "A esas condiciones, el fiscal le adjudica la demora en su búsqueda, aún cuando es una menor de 14 años", dispararon, dejando al descubierto el clasismo y la misoginia del poder judicial.
La bronca también apunta directo al gobierno nacional, al que acusan de ejercer un "antifeminismo de Estado" que fomenta la violencia y la crueldad como único vínculo social. Las oradoras denunciaron que mientras el régimen de Javier Milei desmantela políticas de prevención y niega la figura del femicidio, los asesinos quedan libres y las mujeres que denuncian son ignoradas. "Hoy murió una chica en Temperley que llamó a la policía, la policía fue, se quedó esperando, estaba el femicida, la tenía secuestrada, se fueron y la mató a puñaladas", ejemplificaron para mostrar la complicidad del sistema.
Frente a este escenario, la convocatoria al 3J es también una respuesta al proyecto de "falsas denuncias" de Carolina Lozada, al que calificaron como una pedagogía del terror para silenciar a las mujeres y garantizarles impunidad a los violentos. "Si van a liberar a los asesinos y encarcelar a las mujeres, claramente se trata de una forma de hacer política", advirtieron. La movilización de este miércoles no pide más penas, sino educación sexual integral, políticas de prevención y vivienda, y un freno a la precariedad económica que deja a las pibas sin salida frente a la violencia machista.
