Perú enfrenta este domingo 7 de junio una segunda vuelta electoral que definirá los próximos cinco años de gobierno, en medio de una crisis política e institucional que no da tregua. Con 54 pueblos indígenas reconocidos y 47 lenguas originarias oficiales, el país sudamericano llega a las urnas con un Congreso que vuelve a ser bicameral después de más de tres décadas, pero también con un paro agrario que bloquea las principales carreteras del norte, convocado por organizaciones como la Confederación Campesina del Perú (CCP).
La primera vuelta dejó números que hablan solos: 35 candidaturas presidenciales, un récord histórico que evidencia la fragmentación del sistema político. Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, obtuvo el 17% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó el 12%. Ninguno de los dos superó el 50%, algo inédito que refleja la desconfianza ciudadana hacia una clase política que, en menos de diez años, ha visto pasar ocho presidentes, la mayoría procesados por corrupción.
El fujimorismo, heredero de la dictadura de Alberto Fujimori en los años 90, mantiene su poder desde el Congreso impulsando reformas que flexibilizan el régimen fiscal para grandes corporaciones, debilitan la regulación ambiental y facilitan el extractivismo minero y agroexportador. Keiko Fujimori arrastra investigaciones por financiamiento ilegal en el caso Lava Jato, donde la fiscalía sostuvo que Fuerza Popular operó como organización criminal, procesos que fueron archivados en medio de denuncias de blindaje político.
Del otro lado, Sánchez representa un proyecto que busca recoger las demandas de inclusión de los sectores históricamente excluidos, con respaldo en el voto rural del centro y sur del país. Sin embargo, su partido también ha respaldado iniciativas vinculadas a la formalización minera artesanal, criticadas por su débil fiscalización que podría facilitar redes de minería ilegal con graves impactos ambientales.
En medio de este escenario, seis jóvenes de una comunidad rural en Huancavelica fueron asesinados por el ejército bajo la excusa de pertenecer a células terroristas. Las organizaciones sociales denuncian que se trató de un montaje para levantar el fantasma del terrorismo y asociar a la izquierda con la violencia, en un contexto de polarización extrema. Las familias exigen justicia mientras los hechos siguen en investigación.
El paro agrario, impulsado por productores arroceros, bananeros y cañicultores, exige que se declare emergencia al sector agropecuario. Denuncian que el gobierno ha priorizado el agronegocio y la agroexportación, dejando de lado a la agricultura familiar que abastece los mercados locales. La Ley de Promoción Agraria, heredada del gobierno de Fujimori y reforzada por el Congreso actual, consolidó un modelo que beneficia a las grandes empresas con exoneraciones impositivas.
A pesar del clima de tensión, las organizaciones indígenas celebraron la aprobación de la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios (PNPI), única en Latinoamérica, construida mediante el derecho a la Consulta Previa y con proyección hasta 2040. Esta política marca una hoja de ruta para el cumplimiento de derechos colectivos en un país donde la impunidad frente a la represión y la persecución de líderes campesinos e indígenas sigue siendo la regla.
El 7 de junio Perú define su rumbo, pero para los movimientos campesinos e indígenas la verdadera esperanza llegará cuando la democracia deje atrás las reformas que favorecen a las transnacionales y apueste por un cambio constitucional gestado desde los pueblos y nacionalidades que integran el país.
