El gobierno de Maximiliano Pullaro avanza a toda máquina con un proyecto de reforma penal que, según denuncian jueces y abogados, representa el mayor retroceso en derechos desde la vuelta de la democracia. La iniciativa, que ya ingresó a la Legislatura santafesina, habilita a la policía a allanar domicilios sin orden judicial y a interrogar a personas detenidas sin la presencia de un abogado defensor, entre otras medidas que perforan el núcleo duro de las garantías constitucionales.
La propuesta, que desde la agencia Farco describen como un salto autoritario, también permite la detención por "sospecha razonable" y la realización de escuchas telefónicas sin control judicial previo. Para la Asociación de Jueces y el Colegio de Abogados de Santa Fe, esto no es otra cosa que la construcción de un "estado policial". En declaraciones a Radio Universidad, los magistrados advirtieron que el proyecto "avanza sobre garantías constitucionales" y que su aprobación implicaría una regresión de cuatro décadas en materia de derechos humanos.
Desde Redacción Rosario califican la iniciativa como "el sueño húmedo de un estado policial", señalando que Pullaro busca gobernar la inseguridad con mano dura pero sin control judicial, un combo que históricamente derivó en abusos y criminalización de los sectores populares. La reforma, según el análisis de La Política Online, alarma incluso a sectores que suelen acompañar al gobernador, porque toca un piso de derechos que ni los gobiernos más duros se animaron a tocar.
El proyecto se presenta en un contexto de crisis de seguridad en la provincia, pero los colectivos de derechos humanos sostienen que la solución no pasa por eliminar garantías sino por fortalecer la investigación y la justicia. Mientras tanto, Pullaro apuesta a una reforma que, de aprobarse, convertiría a Santa Fe en un laboratorio de excepción donde la policía puede todo y el ciudadano queda desprotegido.
