La madrugada del sábado, el gobierno de Rodrigo Paz declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional, instruyendo a la policía y a las fuerzas armadas a ejecutar las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito. La medida llegó horas después de que la Central Obrera Boliviana (COB) firmara un acuerdo con el gobierno, un pacto que desde las bases se denuncia como una traición abierta al movimiento que sostuvo 50 días de movilizaciones y bloqueos.
El acuerdo entre la COB y el gobierno establece 90 días —el mismo plazo del estado de sitio— para desarrollar comisiones de trabajo sin nada concreto: una comisión para ver caso por caso la situación de los presos, no impulsar privatizaciones o informar sobre préstamos internacionales. Mientras tanto, la dirigencia de la COB, encabezada por Mario Argollo, le da la espalda a los campesinos de la Federación Tupacatari y a los autoconvocados del Alto, que votaron continuar la lucha. El gobierno aprovechó la división para declarar el estado de excepción en dos fases: una primera de despeje de carreteras con fuerzas armadas, y una segunda que limitará derechos de reunión y transitabilidad mediante resoluciones de los ministerios de Defensa y Gobierno.
Javo Ferreira, dirigente de la Liga Obrera Revolucionaria y editor de Esquerda Diario Bolivia, explicó que el pacto de la COB dejó aislados a los compañeros campesinos y autoconvocados, abriendo las puertas a una ofensiva represiva. Sin embargo, la Federación Tupacatari resolvió mantener y masificar los bloqueos, aunque la situación está mediatizada por el feriado del Año Nuevo Aymara. Ferreira destacó que durante estos 50 días se produjo un fenómeno inédito de autoorganización de las bases, con desconocimiento de dirigentes que no querían sumarse al conflicto y formación de comités de autoconvocados. En los cabildos, las bases exigen la renuncia de Rodrigo Paz como consigna central, y hay una fuerte disposición a resistir el estado de sitio, con mensajes preparándose para la resistencia desde la madrugada.
El escenario está abierto: el gobierno intentará sembrar la idea de normalización, pero las causas del conflicto siguen intactas. La burguesía necesita aplicar un plan de ajuste dirigido desde Washington, mientras el gobierno es débil y está cuestionado por derecha e izquierda. Las filas de combustible en Santa Cruz crecen porque el gobierno no tiene dólares para importar gasolina, lo que revela una crisis profunda del régimen y del estado. Ferreira advierte que la relación de fuerzas entre las clases no está definida y que la subjetividad popular cada vez más combativa plantea una perspectiva de crisis crónica y nuevos saltos en la lucha de clases para los que hay que prepararse.
