El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU le metió presión al Estado guatemalteco: quiere que abran archivos e instalaciones militares para buscar a las personas desaparecidas durante la guerra civil (1960-1996). La exigencia llega en un momento clave, cuando el gobierno de Bernardo Arévalo acaba de lanzar el primer Mecanismo para la Búsqueda Humanitaria de Personas Desaparecidas, pero las expertas internacionales fueron claras: el éxito de todo esto depende del nivel de apertura que tenga el Estado.
"Cuarenta años después del conflicto armado interno, Guatemala sigue careciendo de registros consolidados sobre personas desaparecidas", advirtieron las expertas, señalando la fragmentación institucional de los esfuerzos actuales. Históricamente, las tareas de búsqueda, forense y memoria han recaído sobre las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, mientras las instituciones del Estado miraban para otro lado. El acceso a los archivos militares, policiales y de inteligencia es esencial no solo para localizar a los desaparecidos, sino también para combatir la impunidad que lleva décadas enquistada.
El grupo de trabajo reconoció los avances en la investigación de casos emblemáticos, pero expresó su preocupación por los retrocesos de los últimos ocho años, marcados por el debilitamiento de la Fiscalía y la criminalización de operadores de justicia especializados en justicia transicional. "El recién nombrado Fiscal General debe priorizar la investigación de las desapariciones forzadas y restaurar una institucionalidad que es fundamental para la lucha contra la impunidad", afirmaron. Las expertas también celebraron el Plan de Reparación y Dignificación de las Víctimas 2026-2036, pero subrayaron que su éxito dependerá de recursos adecuados y de una participación real de las víctimas, que siguen siendo las grandes olvidadas de un Estado que les debe verdad, justicia y memoria.
