Laura Martínez, de la Comisión de Migrantes del PIT-CNT, no hace vueltas. La población migrante es utilizada en algunos ámbitos para precarizar el empleo, dice, y el mecanismo tiene una lógica simple: quien llega al país necesita un piso mínimo de ingresos lo antes posible, entonces acepta lo que haya. Las condiciones quedan relegadas. Eso empuja a esas personas hacia sectores que les abren las puertas pero abusan de las conquistas que los sindicatos ya consiguieron ahí. Su principio es uno solo: a igual tarea, igual remuneración.
Todo esto se discute este jueves 17 de setiembre a las 18:00 en el Salón 26, Aula Pablo de María de la Universidad de la República. El seminario se llama Migración laboral y contratación equitativa. Desafíos para el trabajo decente y la integración laboral en Uruguay. Lo organizan el PIT-CNT, la UDELAR, la OIT, el Ámbito Tripartito sobre Migración Laboral y la Cámara de Comercio y Servicios. Estarán la doctora Leticia Iglesias, Francesco Carella por la OIT, Anabela Aldaz por la Cámara de Comercio y la propia Martínez.
La dirigente aclara que el abuso ocurre en algunas compañías, no en todas. Pero cuando pasa, genera condiciones para enfrentar a unos contra otros y para no respetar los acuerdos ya firmados. Hay una doble precarización, sostiene. El movimiento sindical mantiene espacios de diálogo con la Cámara de Comercio y la Cámara de Industrias, y para Martínez es importante que las patronales promuevan una integración basada en criterios de justicia.
El otro frente que preocupa es el de las plataformas digitales. Muchos ingresan como monotributistas o empresa unipersonal, así que formalmente no tienen relación de dependencia. Si se enferman, no hay nada que los cubra. Y hay un problema mayor: quien organiza las tareas es un algoritmo. No hay gerenciamiento ni con quién hablar del otro lado para hacer acuerdos. Sin diálogo, la organización sindical se vuelve cuesta arriba.
Martínez también apunta contra los discursos que culpan a las personas migrantes por la inseguridad o la falta de empleo. Sectores de las derechas más radicales impulsan un relato donde quien cruza una frontera pierde derechos básicos como salud y educación, y pasa a ser trabajador clase B. Uruguay, dice, es un faro en la materia por su normativa. El PIT-CNT trabaja con las dirigencias y en territorio para contrarrestar esos relatos. Para el desarrollo del país se necesita población migrante, afirma.
