Eduardo Enrique Massera, hijo mayor del excomandante de la Armada Emilio Eduardo Massera, está procesado por el robo de bienes y llegará al debate junto a represores del Grupo de Tareas 3.3.2 como Jorge “Tigre” Acosta, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Alberto González y Juan Antonio Azic. A principios de mes, Massera Jr. quiso viajar a Europa con su mujer, pero el fiscal Félix Crous se opuso y el tribunal ratificó la prohibición de salir del país. Salvo Rolón y Azic, que están en sus casas, el resto permanece preso en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
La investigación reconstruye cómo el apoderamiento de las cosas de los secuestrados pasó de ser pura rapiña a un entramado de lavado de activos para borrar pistas y reingresar lo robado al circuito legal. Bajo extorsión y torturas, varios desaparecidos eran obligados a firmar papeles para ceder o vender sus autos o casas. Muchos compradores eran los propios represores con nombres y documentos falsos, o sus allegados. Entre 1977 y 1979, los marinos de la ESMA crearon tres inmobiliarias, una instalada en Warnes 350, propiedad que había pertenecido a Marcelo Hernández, desaparecido, quien en cautiverio tuvo que firmar un poder a nombre de Juan Héctor Ríos, el nombre falso que usaba Radice.
Massera hijo no formaba parte del staff permanente de la Escuela de Mecánica, pero testigos lo vieron dentro del claustro y en viviendas sustraídas. La fiscalía sostiene que intervino en el despojo de los terrenos de Chacras de Coria, en Mendoza, a través de una Sociedad Anónima de la que poseía el 90% de las acciones, y que Chroma SA, productora audiovisual montada en una propiedad robada, usaba mano de obra de personas secuestradas.
Radice será juzgado otra vez junto a su hermana Norma Berta, señalados por usar 17 sociedades en Argentina, Uruguay, Panamá y Estados Unidos para quedarse con inmuebles y activos de víctimas de la dictadura. Norma supo tener como defensor a Santiago Viola, actual secretario de Justicia de la Nación y hombre de confianza de Karina Milei.
El Poder Judicial contabiliza más de 600 compañías arrebatadas con estos métodos. El saqueo financió parte del aparato represivo, pero sobre todo engordó el patrimonio de oficiales y suboficiales.
