El comunicado salió al mediodía. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti escribieron que en el caso solo se decidió un aspecto procesal, sobre la legitimación de una asociación para obtener una cautelar. Que la sentencia no afecta a otras medidas con el mismo objeto que siguen en trámite.
Andrés Gil Domínguez leyó el texto y respondió que parecería que el tribunal no tiene claro qué resolvió. Señaló que los jueces sostienen haber decidido el alcance de la legitimación cuando revocaron la sentencia de fondo de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que había declarado la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del Decreto 70/2023.
Gil Domínguez agregó otro punto. La Corte definió en el fallo CECIM que la defensa de la integridad territorial no es un derecho colectivo indivisible según el artículo 43 de la Constitución. Ninguna persona afectada, ni el Defensor del Pueblo, ni las asociaciones, ni el Ministerio Público tienen legitimación procesal colectiva para reclamar.
La Corte también se dirigió a los grupos que presionan sobre el tema. Dijo que pueden recurrir al reclamo judicial, lo que en una democracia es más adecuado que la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes. Y se atribuyó un liderazgo en la protección de recursos naturales y bienes colectivos durante muchos años.
Luis Campos, abogado de la CTA, puso el foco en otro lado. La Corte siempre elige los casos que quiere tratar, no los resuelve por orden de llegada. Toma una decisión política, busca el caso que mejor se ajusta a su estrategia, y recién ahí dicta sentencia. Salir a explicar es ponerse a la defensiva, escribió.
Ya hay cuatro movilizaciones convocadas. Una este viernes en Parque Lezama. Otra el lunes, de Congreso a Tribunales. Las dos CTA convocaron para el martes a las 15 frente a la Corte. Y para el 15 de octubre a las 14, cuando Diputados revise el DNU 70 que el Senado ya rechazó.
