La financiarización de la naturaleza transforma bosques y mares en activos bursátiles, un saqueo con prospecto que amenaza la existencia misma de las comunidades rurales. Frente a esta fiebre extractiva, el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria clava su bandera en la arena de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria. Denuncia un sistema perverso donde apenas el 1% de las explotaciones controla el 70% de la tierra cultivable, y donde la digitalización catastral junto a la inteligencia artificial borran derechos colectivos históricos para pulir títulos de propiedad privada.
El diagnóstico presentado es brutal en su claridad. El CIP señala directamente al "colonialismo verde" como nueva máscara del despojo: mercados de carbono y la meta de conservación 30x30 funcionan como pretextos sofisticados para continuar el acaparamiento territorial. Frente a este panorama desolador, la propuesta se articula en cuatro pilares fundamentales: reconocimiento de tenencias colectivas ancestrales, redistribución de tierra priorizando a mujeres y jóvenes, restitución por desplazamientos históricos causados por el conflicto y regulación estricta contra el control corporativo de los recursos.
La conferencia en Cartagena reunió a 843 participantes internacionales de 102 países y más de 3.500 representantes nacionales de 359 municipios colombianos, consolidándose como uno de los encuentros globales más amplios en materia de reforma agraria. El evento culminó con un texto consensuado por 28 estados que marca una ruta de acción política con visión estratégica internacional. La ministra de Agricultura colombiana, Martha Carvajalino, destacó la construcción colectiva de acuerdos y anticipó que países de Asia y África ya manifestaron interés en albergar la próxima conferencia en menos de tres años.
Durante la jornada de clausura se firmó el Pacto Nacional por la implementación de la Reforma Agraria y Acuaria Estructural Integral y Popular, suscrito por movimientos sociales indígenas, campesinos, afrodescendientes y poblaciones acuíferas junto al gobierno nacional. Este documento fue catalogado como de justicia histórica por reafirmar la legitimidad de las expresiones populares que construyen vida y territorio en Colombia. La Zona Tierra para Todos registró 114.138 ingresos entre el 24 y 26 de febrero, convirtiéndose en el principal escenario de participación ciudadana con experiencias como "De la mesa a las manos" que involucró a cerca de 100.000 personas.
La verdadera transición justa no se negocia en salones climatizados de centros de convenciones. Se siembra en los territorios gestionados como espacios de autonomía comunitaria, no como fuentes de lucro corporativo. La pregunta crucial queda flotando como semilla al viento: ¿quién dará el paso decisivo para desmantelar el latifundio global que concentra la tierra en pocas manos? La respuesta parece brotar desde abajo, desde las manos callosas que trabajan la tierra y defienden la vida frente al colonialismo verde disfrazado de sostenibilidad.
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