La Colombia de Gustavo Petro llega a una elección legislativa que funciona como termómetro de su gobierno progresista y ensayo general para la presidencial de mayo. El Congreso, convertido en principal trinchera de la oposición contra las reformas estructurales del primer gobierno de izquierda en la historia del país, se renueva en un clima de polarización extrema. Petro, quien llegó al poder prometiendo transformaciones en salud, trabajo y pensiones, enfrentó sistemáticos bloqueos parlamentarios que dejaron en el camino parte sustancial de su agenda.
Laura Capote, investigadora del Instituto Tricontinental, señala la lección evidente: sin mayoría en el Congreso, las reformas quedan en "buenas intenciones". Erika Prieto, especialista en régimen electoral, apunta al perfil del Parlamento colombiano, donde predominan empresarios y grandes terratenientes que representan "intereses de la minoría". René Ayala, de Prensa Rural, va más allá al describir un Estado diseñado para mantener privilegios inalterables.
El Pacto Histórico busca ampliar sus 20 bancas en el Senado, capitalizando el reconocimiento que Petro mantiene según sus partidarios. La apuesta incluye mostrar logros como el aumento del 23% al salario mínimo para 2026, presentado como conquista concreta para la clase trabajadora. Esta elección ocurre en una Colombia más politizada, con mayor conciencia sobre las desigualdades regionales y la diversidad étnica, fenómeno que analistas vinculan al proceso de paz de 2016 y a la experiencia de un gobierno progresista.
La votación también proyecta sombras sobre la carrera presidencial. Iván Cepeda emerge como principal carta del oficialismo, descrito como figura íntegra y menos incendiaria que Petro, pero con "gran fuerza moral". En la oposición, Abelardo de la Espriella copia estrategias de la nueva extrema derecha latinoamericana, imitando discursos de Bukele y Milei con retórica fascista y xenófoba. El contexto internacional añade complejidad, con Petro negociando pragmáticamente con el régimen Trump para evitar injerencias en el proceso electoral.
La seguridad del voto genera tensiones, con Petro denunciando vulnerabilidades en el sistema de escrutinio que en 2022 mostró discrepancias de cientos de miles de votos. Más allá de las bancas, Colombia decide si profundiza el camino de cambios o retrocede a modelos que históricamente han defendido privilegios de élites recalcitrantes.
