El escrutinio de las elecciones peruanas revela una dinámica política que desnuda las fracturas históricas del país. Roberto Sánchez, heredero político del encarcelado expresidente Pedro Castillo, ha remontado desde el sexto puesto hasta colocarse en empate técnico con el ultraderechista Rafael López Aliaga. Este giro electoral responde al conteo tardío del voto rural, que tradicionalmente llega después del voto urbano y que muestra el rechazo del Perú profundo a las opciones conservadoras.
Con el 91% de las actas escrutadas, Keiko Fujimori lidera con el 17%, seguida por Sánchez con 12.1% y López Aliaga con 11.84%. La diferencia entre los dos últimos candidatos es de apenas 30,000 votos, lo que mantiene en suspenso la definición del rival de Fujimori para el balotaje del 7 de junio. Sánchez, quien hizo campaña con el sombrero que Castillo le regaló en prisión, prometió indultar al expresidente si llega al poder.
La reacción de la derecha ha sido previsiblemente agresiva. López Aliaga convocó protestas frente al Jurado Nacional de Elecciones, denunciando fraude sin presentar pruebas y pidiendo la nulidad del proceso. Fujimori, por su parte, evitó rechazar las acusaciones de su aliado ideológico, limitándose a pedir prudencia. Observadores internacionales como la Unión Europea y la OEA han respaldado la transparencia del proceso, aunque reconocieron problemas logísticos graves que obligaron a extender la votación hasta el lunes.
Este escenario electoral refleja la profunda crisis institucional peruana, donde el voto rural funciona como contrapeso a las élites limeñas. La narrativa de fraude impulsada por López Aliaga encuentra terreno fértil en un país donde ocho de cada diez personas creen posible la manipulación electoral. Sánchez representa no solo una opción política, sino la reivindicación de un sector históricamente marginado que ve en Castillo una víctima del establishment político.
La polarización se profundiza: de un lado, el fujimorismo que busca consolidar su proyecto neoliberal; del otro, un movimiento popular que exige refundación constitucional y justicia social. El Perú enfrenta una encrucijada donde las tensiones entre Lima y las provincias, entre privilegios y derechos básicos, se dirimirán en las urnas con consecuencias que trascenderán las fronteras nacionales.
